Durante los debates públicos el tema de vivienda no fue bien profundizado, sin embargo en el Diarioinmobiliario.com abordaremos las propuestas que presenta el Presidente electo en su programa, enfocado principalmente en la descentralización y la gestión en todo lo que abarca el rubro inmobiliario, de construcción, obras públicas, planificación territorial y transporte. 

En base a una crítica al rol subsidiario del Estado y la desregulación del mercado del suelo, que provoca una desigualdad territorial, ofertas de vivienda inaccesibles y segregadas. Ha creado un déficit habitacional llegando a más de 600.000 hogares.

Gabriel Boric propone una nueva política habitacional que permita diversificar las formas de acceder a la vivienda. Como lo menciona en su programa, esta política se basa en una gestión descentralizada, participativa y sustentable de proyectos urbano-habitacionales, que introduzca una perspectiva de cuidados, resguardando la función social de la propiedad y del territorio como soporte de la vida en sociedad.

El primer año pretenden implementar una Política de Suelo, a través de proyectos de ley  para crear un sistema de adquisición de suelo con fines urbano- habitacionales, y la creación de instrumentos de captura de plusvalía que permitan un mayor criterio de justicia y equidad urbana. 

Inspirado en las ciudades de Viena, Berlín y Barcelona, impulsará el Arriendo a Precio justo que entregue seguridad en materia de derechos humanos y mayor capacidad de ahorro. De forma paralela se desarrollará un nuevo programa de arriendo protegido. 

Además, buscan mejorar la coordinación intersectorial para destinar el apoyo técnico necesario a la conformación y/o consolidación de cooperativas a nivel nacional, facilitándoles la opción a préstamos sin interés y asistencia técnica para la adquisición de terrenos, diseño, construcción y gestión de viviendas por parte de estas cooperativas.

A través de un trabajo en conjunto con las municipalidades, desarrollarán planes habitacionales en los barrios, con la participación de las familias y organizaciones reforzando la construcción de proyectos de pequeña escala en barrios consolidados.

Para enfrentar los campamentos que se han creado en todo el país, el nuevo gobierno pretende priorizar una respuesta nacional, digna y ágil a estas comunidades, anteponiendo la instalación de mesas técnicas para el diálogo con las comunidades por sobre los desalojos y priorizar el derecho humano a una vivienda adecuada.

Mirándolo de una forma macro, el Plan de Emergencia Habitacional busca reducir en un 40% el déficit actual, generando 65 mil viviendas al año desde el sector público, y avanzar progresivamente en el aumento de las superficies de las viviendas

Rol del Estado en el acceso y producción de la vivienda

Las regiones tendrán un rol fundamental para la ejecución de las políticas de Vivienda y Territorio, transitando en la formación de un modelo donde los Serviu dependerán de los Gobiernos Regionales.

Bajo este punto se crearán dos proyectos: Empresas Públicas Regionales de Construcción Sustentable, integrará a las mini pymes, proveedores locales, universidades e institutos que participen en los procesos de capacitación y certificación, en la búsqueda de nuevos métodos industrializados de construcción. 

Empresa Pública Autónoma Comercializadora de Materiales de Construcción (FERRABAST), es la creación de ferreterías populares en regiones que permiten el bajo costo de materiales, priorizando aquellos que permitan el acondicionamiento térmico de viviendas nuevas y ya existentes.

Planificación territorial

Impulsarán Planes Maestros de Integración Territorial transfiriendo a los GORE competencias de planificación en planes intercomunales y metropolitanos.. Estos planes facultarán a los gobiernos locales y regionales para gestionar proyectos urbanos de diversas escalas, incluyendo una cartera de inversión pública en proyectos estratégicos; habrá un foco en proyectos de vivienda asequible, equipamiento, espacios públicos, patrimonio y desarrollo de infraestructura para el sistema nacional de cuidados, basado en el cumplimiento de estándares e indicadores de equidad territorial. 

La Ley de Ordenamiento Territorial será la  normativa que unifique actores y metodologías para garantizar los cumplimientos de estándares mínimos en el desarrollo territorial, vinculado a objetivos de integración social, al sistema nacional de cuidados y a la protección del medioambiente. Cada Gobierno Regional será responsable de planificar y normar su territorio con las herramientas y los objetivos planteados en dicha ley.

Obras públicas e infraestructuras

Se efectuará dentro de un nuevo marco de acción, que traslade a la ciudadanía y territorios los beneficios económicos de la inversión en infraestructura:

- Promover infraestructura crítica, energética e hídrica. 

- Asegurar la urgente preservación, provisión y buen uso del agua, potenciando las obras públicas en acuerdo con los Gobiernos Regionales. 

 - Reforzar los programas de agua potable y servicios sanitarios rurales, elevaremos la calidad y eficiencia de las obras de regadío mediante embalses sustentables y canales. 

- Aumentar el presupuesto de la Dirección de Obras Hidráulicas; promover el desarrollo e implementación de tecnologías, sistemas y obras de reutilización de las aguas.

- Promover la elaboración de planes de conectividad nacional, inter e intrarregional de alto estándar desde Arica hasta Quellón, así como la integración de proyectos y obras para la conectividad austral.

- Desarrollar obras para optimizar el sistema logístico nacional potenciando el ferrocarril de carga, centros de integración intermodal, mejoramiento de accesos a los puertos y pasos internacionales.

- Aumentar la inversión en infraestructura y tecnología para la pesca artesanal, las pequeñas embarcaciones, caletas y el transporte náutico en localidades donde sus condiciones lo permitan.

- Avanzar en una ruralidad con una conectividad física y digital justa y garantizada.

Transporte y Movilidad activa

En conocimiento de la movilidad en regiones es escasa o a veces difícil, dependiendo del sector, el equipo del Presidente electo tiene una propuesta en la panificación y gestión de la movilidad a nivel regional creando una Autoridad Regional de Movilidad, la cual contará con un consejo asesor y consultivo ciudadano. 

Se implementará una política ferroviaria en las macrozonas centro y sur, dando continuidad a los proyectos que ya tienen algún nivel de avance e impulsando tres nuevos proyectos: Santiago-Valparaíso, Santiago-San Antonio y Santiago-Chillán-Concepción.

Transporte Público Doble Cero, programa pilotos que se implementaran en regiones -ciudades pequeñas o intermedias- con una tarifa $0 y cero emisión.

Se construirán 1.000 km de Circuitos Peatonales en ciudades como Arica, Machalí, Curicó, Talca y Coyhaique porque cuentan con una geografía adecuada, incluyendo puentes multipropósitos para peatones y ciclistas. Además se construirán 500 km anuales de ciclovías.

Política Visión Cero, establece una meta de reducir un 50% las muertes y lesiones graves por siniestros viales en zonas urbanas al 2030. Patrocinaran activamente la promulgación de la Ley CATI y dispondrán los recursos necesarios para su implementación.

Mega proyecto Switch Vespucio 345 está en progreso