El complejo Marina Isla Valdecañas se ubica en la provincia de Cáceres, comunidad autónoma de Extremadura. Es una isla que fue edificada el año 2007 y que cuenta con 135 hectáreas rodeadas por el pantano de Valdecañas, un campo de golf de 18 hoyos, 185 villas —el 33% de las 565 previstas—, un hotel de cuatro estrellas, piscinas, playa artificial, 76 atraques, pistas polideportivas y 185 chalés (edificios destinados especialmente a viviendas unifamiliar).

Lo que parecía un destino vacacional perfecto, o incluso un lugar para vivir, no fue tal ya que está construido en terrenos de la Red Natura 2000 -áreas de conservación de la biodiversidad de la Unión Europea-, la presente ilegalidad se llevó a cabo por la Junta de Extremadura al haber calificado la urbanización como un Proyecto de Interés Regional (PIR) en 2006, esta decisión fue la que permitió recalificar los terrenos a pesar y sabiendo que son áreas protegidas para la conservación de la biodiversidad, aquellas buscan garantizar a largo plazo la conservación de las especies y de los hábitats más amenazados de Europa.

Acciones legales

Anteriormente el Superior de Extremadura decidió que las edificaciones se mantuvieran por el gran coste económico que conllevaba su demolición, por lo tanto Tribunal Extremeño ordenó solo el derribo del esqueleto de hormigón de un hotel al borde de la playa artificial y de las viviendas inacabadas, a pesar de que en sentencias anteriores había dictaminado que el terreno debía volver a su estado natural.

En 2011 el Tribunal Extremeño señaló que el entorno tenía que ser restaurado y luego volver a su estado inicial, pero en julio de 2020, en el auto de ejecución de esa sentencia, la modificó indicando que no había que tirar lo que ya estaba construido. Los magistrados lo justificaban en que había que tener en cuenta el “elevado perjuicio económico” si se ejecutaban completamente las sentencias, ya que esto significaba que La Junta de Extremadura tenía que desembolsar al menos 145 millones de euros por los gastos de demolición y de indemnización a terceros de buena fe. Esta cifra es la suma del coste de demoler lo edificado y del “posible perjuicio económico” que se causaría a los propietarios de las viviendas, que podría alcanzar los 111.000.000 euros.

Ante esta resolución los Ecologistas en Acción presentaron un recurso de casación (es decir un recurso extraordinario que tiene por objeto anular una sentencia judicial "que contiene una incorrecta interpretación o aplicación de la ley ") al Tribunal Supremo acogiendo y anulando lo interpuesto por el Tribunal Superior. Implica, por ende, la demolición completa de todo lo que conforma el complejo Marina Isla Valdecañas.

 “Al final todo esto se podría haber evitado si se hubiera parado antes, es una tristeza que estemos diciendo desde el minuto uno que es ilegal y que no se haga caso”, comenta el abogado de Ecologistas en Acción, García Calle. “Están satisfechos pero no al cien por cien porque también se ponen en la piel de los propietarios, sin embargo ellos sabían lo que compraban ya que estaba denunciado desde 2007, incluso firmaron un documento en las propias escrituras de compraventa en el que exoneraron a la promotora si se llegaba a la situación actual”, añade el abogado. 

Hoy los propietarios podrían recurrir en amparo ante el Constitucional, aunque los ecologistas consideran que “tendrá poco recorrido porque no se ha vulnerado ningún derecho fundamental”.

A pesar de esta medida definitiva se pone en duda si se volverá  a realizar el área de conservación natural que protegía la flora y fauna del sector. 

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