
Por ahora, dos proyectos de asociación público-privada para construir el tren Santiago-Valparaíso ya recibieron la declaración de interés público.
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El proyecto está acusado de elusión al Sistema de Evaluación Ambiental, por ley es una obligación obtener este tipo de informes.
Inmobiliario 22/02/2022La Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) inició procedimiento ante el proyecto Changuay, para así obtener los requerimientos de ingreso al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental en contra de la empresa Desarrollos La Dehesa Spa, titular del proyecto.
El Superintendente de Medio Ambiente, Cristóbal De La Maza, comentó que ”este proyecto estaría ante una hipótesis de elusión del Sistema de Evaluación Ambiental que requiere evaluarse ambientalmente. La ley nos obliga a solicitar un informe al Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) con su parecer. Este informe es un antecedente más del procedimiento que también se le entrega al titular del proyecto, tiene 15 días hábiles para exponer sus descargos”.
De acuerdo a los antecedentes, el motivo del procedimiento es que se estarían infringiendo 2 causales de ingreso a evaluación ambiental:
1- El emplazamiento en un área de preservación ecológica sin estar debidamente aprobado antes del dictamen de Contraloría que establece la protección especial de esa área.
2- La vulneración de la superficie por sobre 7 hectáreas que establece la legislación. para de este modo exigir la evaluación ambiental de un proyecto inmobiliario.
De La Maza precisó que éste es el inicio del procedimiento de ingreso de evaluación ambiental, pero no es el requerimiento de evaluación ambiental propiamente tal ya que para ello tienen que evaluar las respuestas del SEA y del titular.
Por tanto, indicó, en base a esa información la SMA se pronunciará respecto de si este proyecto requiere evaluarse ambientalmente, y de si la vía de evaluación debe ser por Declaración de Impacto Ambiental o Estudio de Impacto Ambiental.
Para sumar a la problemática del proyecto, la Municipalidad de Lo Barnechea lo rechazó presentando una denuncia ante la SMA, argumentando que, según el Plan Regulador Metropolitano, este tipo de iniciativas no puede construirse dentro de un Área de Preservación Ecológica (APE).
La obra contempla 158 parcelas con al menos una casa por parcela. De acuerdo a la SMA ello significa una clara incidencia en el paisaje de la zona y, además implicaría, considerando un promedio de tres personas por casa, un total de población de aproximadamente 500 personas circulando por el APE, probablemente en vehículos motorizados, afectando altamente, por ejemplo, los flujos de fauna.
Lo anterior también implica riesgos asociados a las actividades humanas, difíciles de controlar en esa magnitud, por ejemplo derivados de incendios. También puede haber consecuencias naturales de la construcción de viviendas, como el uso excesivo de agua con fines de riego, según el organismo.
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