La nueva norma entrega una definición a las empresas que entregan servicios a través de plataformas digitales como “aquella organización que, a título oneroso, administra o gestiona un sistema informático o de tecnología ejecutable en aplicaciones de dispositivos móviles o fijos. Aquello permite que un trabajador de plataformas digitales ejecute servicios para los usuarios de dicho sistema informático o tecnológico, en un territorio geográfico específico, tales como el retiro, distribución y/o reparto de bienes o mercaderías, el transporte menor de pasajeros, u otros”.

El nuevo capítulo que se integrará al Código del Trabajo se llama “Del trabajo mediante plataformas digitales de servicios”; se refiere al trabajador de plataforma digital, aquel que ejecuta servicios personales sea a cuenta propia o ajena o solicitados por usuarios de una aplicación gestionada por una empresa de plataforma digital de servicios, que podrá ser dependiente o independiente según concurran o no los requisitos establecidos en el artículo 7 del Código del Trabajo.

Esta nueva ley, que estará vigente a partir del 1 de septiembre del 2022, ofrece una protección a los trabajadores que se desempeñan en estas labores y que trabajan para empresas no reguladas en el rubro. 

Contrato para los trabajadores dependientes

La norma indica que el contrato de trabajo de los trabajadores de plataforma digital dependientes debe contener estipulaciones tales como: la determinación de la naturaleza de los servicios y los términos y condiciones bajo los cuales deben prestarse; el método de cálculo para la determinación de la remuneración, forma y período de pago; la designación de un canal oficial de comunicación con la empresa, el que debe contar con un lugar físico de atención; la determinación de la zona geográfica en que debe prestar servicios el trabajador o la forma en que dicha zona se determinará; entre otras. Además, debe señalar si el trabajador podrá distribuir su jornada en el horario que mejor se adapte a sus necesidades, respetándose el máximo de la jornada ordinaria semanal y diaria, o quedará sujeto a las reglas generales de jornada.

Contrato para los trabajadores independientes 

Establece que la empresa de plataforma digital de servicios debe limitarse a coordinar el contacto entre aquellos y los usuarios de ésta; y que el contrato de prestación de servicios debe constar por escrito e indicar, en un lenguaje claro, sencillo y en idioma castellano, a lo menos, los términos y condiciones para determinar el precio o tarifa de los servicios del trabajador de plataformas digitales independientes y de los demás incentivos pecuniarios que se apliquen.

Deben expresar su valor en pesos chilenos y detallando todas las variables que se considerarán para su determinación; la determinación de la zona geográfica en que debe prestar servicios el trabajador o la forma en que dicha zona se determinará; tiempos máximos de conexión; causales de terminación de contrato; entre otras cláusulas.

Las boletas a honorarios que emitan por cada hora de servicios no pueden ser inferiores a la proporción del ingreso mínimo mensual, declarado por ley, aumentado en un 20%, exigiendo la emisión de la documentación tributaria respectiva; reconoce el derecho a  acceder a cobertura de seguridad social, cotizando según resulte aplicable.

También se le impone a las empresas el deber de resguardar el cumplimiento de un tiempo de desconexión mínimo del trabajador de 12 horas continuas dentro de un período de 24 horas; y, sin perjuicio de las reglas generales en la materia, en el caso de trabajadores que, durante los últimos tres meses hayan prestado servicios a través de una determinada plataforma por, a lo menos, 30 horas promedio cada semana, hace aplicable el procedimiento de tutela laboral en los casos que indica.

Las normas comunes entre trabajadores dependientes e independientes

Se declara la prohibición de discriminación por mecanismos automatizados en toma de decisiones; la obligación de la empresa de capacitar y otorgar elementos de protección, previendo expresamente que ello no constituye indicio de subordinación y dependencia respecto de los trabajadores independientes; el derecho de los trabajadores a constituir las organizaciones sindicales que estimen convenientes, entre otras.

Finalmente, otorga tres años, contados desde su entrada en vigencia, para que las empresas cumplan el porcentaje de trabajadores nacionales y extranjeros que establece el artículo 19 del Código del Trabajo.

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